La gravedad de la actual crisis es el ingrediente perfecto para justificar el intervencionismo económico, y no sólo regulador, del Estado. El apoyo de la teoría Keynesiana a un estado intervencionista está sirviendo como argumento intelectual. La práctica habitual ya la sabemos: se han hecho aeropuertos y trayectos del tren de alta velocidad sin demanda real de esos servicios, subvenciones a dedo a criterio del gobernante/cacique local, coches oficiales, o cualquier otra modalidad de gasto.
En Asia, y más concretamente en China, esto también ocurre. Es lógico pues es una dictadura, aunque no nos convenga/guste decirlo ni recordarlo en Occidente. Seamos realistas, los derechos humanos y las libertades básicas quedan en segundo plano cuando un país tiene crudo, ó 1.400 millones de consumidores potenciales. La economía china se basa en la planificación centralizada. Uno de los pilares de su proyecto socioeconómico es el crecimiento de las ciudades, o incluso, el nacimiento de nuevas ciudades, anticipando la migración del campo a la urbe de varios cientos de millones de ciudadanos en las próximas décadas. En ese sentido, desde el gobierno se dedica muchísimo dinero a la construcción de viviendas e infraestructuras urbanas. La inversión realizada en activos fijos no rurales viene creciendo a un ritmo del 25% anual desde hace casi una década.
Como la vida no es un evento lineal, lo cual nos encantaría para poder organizar detalladamente nuestro futuro, a menudo se producen paradojas. Mientras China debe hacer frente a una gran migración futura hacia las ciudades, alguna de éstas, como Ordos, sigue el proceso inverso de lo que fue el oeste americano, es decir, primero existe la ciudad, y luego, según confían los planificadores, llegará la población.
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